PROMOVER INVERSIONES
Eliminación de todo impuesto provincial que incida sobre la producción de bienes o servicios, para todo nuevo emprendimiento que se radique en la Provincia, de capital de origen riojano, por un plazo mínimo de veinte años. Promover la prohibición concomitante de imponer tasas municipales a dichas inversiones
La Rioja necesita crecer económicamente. El desempleo es la principal preocupación de los riojanos. Aunque las cifras oficiales muestren absurdas estadísticas, la realidad es que la pobreza estructural tiene consecuencias palpables, lacerantes. La falta de trabajo es una constante, que la oferta estatal de empleo no formal, expresada en “programas de empleo”, becas o subsidios permanentes, no puede ocultar ni mitigar. Las cifras del sub-empleo, que es virtualmente un empleo en negro, propiciado y ejecutado por el propio Estado, representan ingresos indignos, muy por debajo incluso de la línea de indigencia; falta de obra social, inexistencia de cobertura en riesgos del trabajo, o en seguros de vida.
Nuestra Provincia participa escasamente en un 0,60 % (promedio a lo largo de las ultimas 6 décadas) del Producto Bruto Geográfico nacional. O sea no llegamos ni al uno por ciento de lo que se produce en el país. Los ingresos genuinos que generamos los riojanos no alcanzan a cubrir más del 10 % de lo que necesitamos para vivir. Nuestro PBI per cápita anual apenas iguala al mensual de un trabajador calificado de un país desarrollado. De no ser por la coparticipación nacional que llega a diario, sumado a la extraordinaria cantidad de planes sociales, nuestra capacidad de supervivencia independiente sería brevísima.
Esta realidad sólo puede cambiarse con un auténtico plan de inversión y desarrollo productivo, que unido a otras medidas en los planos institucional, judicial y educativo principalmente, servirá de soporte a un proceso de crecimiento sustentable, a mediano plazo, capaz de brindar una luz de esperanza.
Para producir se necesita que haya inversión. Para atraer inversores se necesita generar condiciones de competitividad, seguridad jurídica y capacitación laboral para que la mano de obra sea netamente riojana. La cuestión es generar fuentes de trabajo. Y que esas fuentes de trabajo genuino sean el sustento del proceso de crecimiento auténtico; sin dependencia alguna del Estado ni del gobernante de turno.
Las condiciones de competitividad se generan con diferentes procesos y medidas, entre las cuales se encuentran las relacionadas con la equidad tributaria, que en lo fáctico implique para el inversor un atractivo adicional (a otros procesos o circunstancias que también se deben generar) para radicarse en el ámbito geográfico de la Provincia (con mayores ventajas, asimismo, si la inversión es de un emprendedor /productor local). Y si bien es cierto que el componente sustancial del gasto tributario de cada inversión productiva en Argentina lo representan los impuestos nacionales (principalmente IVA y Ganancias), también es cierto que los tributos locales (impuestos más tasas) son una carga significativa sobre los cuales a nivel provincial se pueden adoptar decisiones políticas de trascendencia.
Nuestro objetivo es sancionar las leyes provinciales que tengan incidencia directa en la creación de condiciones netamente favorables para una mayor inversión en la Provincia de La Rioja. Y al mismo tiempo, propiciar desde la Cámara de Diputados, la nueva presentación de propuestas sobre un sistema tributario nacional más equitativo, que contemple las enormes diferencias estructurales que tiene Argentina, donde es claramente injusto que una inversión radicada en este norte tan lejano, inhóspito y pobre, tenga que pagar impuestos en las mismas condiciones que otras regiones del país, mucho más desarrolladas y con mejores condiciones geopolíticas y de infraestructura. Esta es la discusión que desde la política riojana debemos plantear a nivel nacional. Y si no hay un gobierno provincial que esté dispuesto a hacerlo, deberá ser la Legislatura el ámbito desde el cual se genere esta acción concreta.
Por otra parte, promoveremos la prohibición de la imposición de tasas municipales a esas nuevas inversiones que se procura incentivar, mediante acuerdos Provincia-Municipios, o mediante el instrumento jurídico y/o político que resulte necesario a tales fines.
EMPRENDEDURISMO
Previsión presupuestaria para la constitución de programas de fortalecimiento a emprendedores; aceleradoras e incubadoras de start-ups. Inclusión en el sistema educativo formal de contenidos para formación de emprendedores y manejo financiero de capital propio.
Los emprendedores son la base de la transformación económica y social de un país. No se trata sólo de una cuestión de dinero, sino de espíritu de superación, entusiasmo, mentalidad ganadora, y confianza en el lugar donde se decide llevar adelante el esfuerzo, donde se depositan los sueños. Generar esa confianza, más la seguridad jurídica y política necesarias, y motivar el espíritu emprendedor, debe ser una política permanente, con líneas de acción concretas, del Estado riojano.
A lo largo de los años se ha repetido la implementación de supuestos programas de apoyo a emprendedores, cuyo formato denotaban más la necesidad de cumplir con un compromiso electoral (anterior o posterior a los comicios) que instrumentar medidas efectivas, con sostenimiento y control a través del tiempo. Los diseños de los técnicos se vieron desbordados por las decisiones políticas, y con ello el fracaso fue una constante.
Los programas de emprendedores no pueden tratarse de regalos de herramientas ni créditos incobrables que pocas veces se aplicaban a procesos productivos reales. Un programa debe diseñarse a mediano plazo, comprender la fase de capacitación, el diseño del marketing, la apoyatura en la búsqueda y apertura de mercados, la facilitación de contactos, el seguimiento y control de las etapas de los procesos de producción, y todo lo relacionado incluso con los aspectos emocionales de un estilo de vida orientado en forma decisiva a la producción. Desde la escuela misma, debemos formar ciudadanos con vocación de emprendedores, no de empleados, menos aún de empleados públicos!
Las modernas instituciones como las incubadoras o las aceleradoras de startups son una herramienta crucial para este proceso. Sean de carácter público o privado, o una simbiosis entre ambos, significan hoy en día un nexo de significativo éxito para la génesis de un proceso productivo genuino a largo plazo en cualquier región del mundo. Y no sólo en lo referente a los procesos tecnológicos propiamente dichos, sino para todo proceso productivo, que indefectiblemente requiere, por cierto, del dominio de las nuevas tecnologías para su mayor eficiencia y éxito.
Nuestra propuesta es sancionar leyes que contengan la previsión presupuestaria para llevar adelante estos nuevos programas de fortalecimiento a emprendedores; y creación de incubadoras y aceleradoras de startups en el ámbito provincial.
Transformación del Banco Rioja en Banco de Fomento a la actividad emprendedora. Previsión presupuestaria para el apoyo financiero a cooperativas y pymes con radicación y capitales provinciales.
Todo proceso de desarrollo requiere del crédito como instrumento imprescindible para su impulso, generando ciclos de apoyatura constante a la inversión y al crecimiento sostenido de las empresas. Nuestra Provincia participa en un escaso 0,28 % del crédito que se distribuye anualmente en el país. Es de imaginar que sin inversión y sin crédito, las posibilidades de desarrollo productivo son directamente nulas.
Sin embargo, la Provincia es propietaria de un banco, que si bien exhibe esporádicamente políticas de apoyatura a los sectores emprendedores, no tiene como fundamento conceptual la característica de ser un banco de fomento. El intento de FOGAPLAR no fue más que un mero artilugio, tanto para crear más dependencias públicas, como para favorecer sólo a los amigos del gobierno. Necesitamos una institución financiera que se dedique de lleno y casi exclusivamente a prestar asesoría técnica profesional y especializada, para la conformación, apoyatura y seguimiento a proyectos emprendedores, ofreciendo operaciones crediticias o de inversión a tasas menores a las ofrecidas por el mercado. Y que esta modalidad de trabajo sea permanente, su objetivo principal, la razón de ser de la institución. La propuesta concreta consiste en adecuar convenientemente los estatutos del Banco ya existente, con el objetivo de convertirlo esencialmente en una institución bancaria de fomento.
Por otra parte, observamos que en el ámbito provincial se han sancionado normas que regulan el funcionamiento de cooperativas, previéndose además diversos estímulos para las pequeñas y medianas empresas, que han funcionado de manera asistemática, sin continuidad en el tiempo ni controles de rendimiento de la aplicación de los incentivos diseñados. Para el caso de las cooperativas si bien la ley se encuentra vigente, la falta de previsibilidad de una asignación presupuestaria para una apoyatura económica al sector, más la demora en la reglamentación de la ley, impiden de hecho que las buenas intenciones que pudo tener el legislador se traduzcan en mejoras concretas para un sector capaz de dinamizar la economía social de manera vigorosa, y operar de lleno en el campo productivo, generando mucha mano de obra, fuentes de trabajo.
Igual situación viven las pymes en general. Pero el agravante está en el plano de la falta de planificación y seguimiento a mediano plazo del esfuerzo estatal en el acompañamiento a este sector de la actividad económica, que en provincias como la nuestra, es vital. Tanto las líneas de créditos, los aportes de herramientas o maquinarias, las exenciones temporales u otras medidas ensayadas oportunamente se caracterizaron por un criterio, precisamente, oportunista, casi siempre en función de un interés electoral del gobernante, y no como programas de gobierno a mediano y largo plazo. Jamás se sostuvieron más allá de ese impulso interesado pero de breve latido.
Proponemos entonces leyes que contengan previsión presupuestaria concreta, que pueda ejecutarse acompañada de un programa de inversión con control y seguimiento, monitoreado por la Función Legislativa, que signifique un incentivo dinamizador de la economía a través de las cooperativas y pymes de la Provincia.
Transformación del Consejo Económico Social en un Instituto de Planificación, Investigación y Capacitación para el Desarrollo Productivo y Social de La Rioja, como ente autárquico público-privado de carácter permanente.
Todo Estado sanamente constituido, sea nacional o sub-nacional, debe edificarse sobre pilares firmes, que le otorguen solidez institucional, y que ofrezca a sus habitantes y al mundo entero la credibilidad y confianza en sí mismos y frente a los demás. Para ello, como ocurre con cada individuo, es menester que se tenga una idea clara de cuál es el camino a recorrer en la vida. Cuál es futuro que nos proponemos, y cuáles serán las acciones que deberemos tomar para lograr las metas anheladas. Previendo en todo cuanto fuera posible las vicisitudes que pudieran aparecer, los cambios profundos y veloces que experimenta la modernidad en forma constante. Tomando consciencia de nuestras fortalezas y debilidades. Preparándonos siempre para lo que viene.
Es imprescindible que nuestra Provincia tenga un norte, que sepamos hacia donde caminamos, que construyamos Políticas de Estado que se mantengan a través del tiempo, más allá del gobernante de turno.
Y es absolutamente imprescindible que la legitimación de esa planificación esté dada por la participación comprometida de la mayor cantidad de riojanos posible. Hemos visto a los gobiernos hacer muchos “Planes de gobierno” que se exhiben como trofeos, se cumplen a medias o en nada, desaparecen con el gobernante que los propuso, y en realidad a nadie parece importarles demasiado. Y es que el problema está en la falta de legitimación social de los planes, lo que acarrea su discontinuidad, cuando la sustentación política o los ciclos democráticos de quienes los impulsan llegan a su fin. Tampoco el Consejo Económico y Social previsto en nuestra Constitución tuvo el funcionamiento ni el éxito esperado, debido a su uso meramente ocasional y más bien con oportunismo político que con fines de otorgamiento de real participación a los sectores de la vida civil y productiva de la Provincia.
Es necesario tener en la provincia un Instituto de Planificación con participación de ambos sectores, público y privado. Que no funcione como apéndice del gobierno sino con vida propia, con carácter permanente. Que tenga la capacidad de convocar a todo aquél que desee volcar sus ideas y proyectos para el bien comunitario. Que no sea partidario sino abierto a absolutamente todos los sectores.
Una institución que con seriedad y profesionalismo tenga la responsabilidad de trazar planes de mediano y largo plazo, que tengan amplia legitimación social dada por la participación activa de diversos sectores. Rumbos con los que nos sintamos identificados como riojanos, y que no se puedan torcer por voluntades individuales ni por gobiernos trasnochados que se aparten del camino comunitario.
Un Instituto que con su aporte le otorgue a la Provincia la credibilidad y la confianza de transitar con seriedad hacia un futuro cuyas metas estén identificadas; siendo tarea de los gobiernos y la sociedad, trabajar y hacer lo que se debe hacer para llegar a cumplir esas metas, en los plazos que se propongan.
Estos son los fundamentos para la creación por ley del Instituto autárquico de Planificación para el Desarrollo de La Rioja.
Este organismo (con financiamiento estatal para su funcionamiento pero sin dependencia político-administrativa del gobierno) deberá ser también de Investigación, Innovación y Capacitación, aspectos relevantes para el proceso de transformación de nuestra Provincia en un ámbito de producción, atracción de inversión, generación de trabajo, y desarrollo genuino.
FOMENTO DEL TURISMO
Creación del Programa de apoyo estatal para la inversión en infraestructura y oferta de servicios en turismo; y de cualquier actividad relacionada con dicha industria, en toda la geografía provincial.
El turismo es una de las industrias de mayor potencialidad inmediata en nuestra Provincia. Se hacen desde hace tiempo ingentes esfuerzos por promover al sector, trabajando en forma combinada los sectores público y privado. Sin embargo, es necesario acentuar las medidas, otorgarles continuidad en el tiempo, constancia y profundidad. Por eso proponemos la creación por ley de un programa de desarrollo sostenible del turismo, con metas y acciones concretas para lograrlo, y definiendo a la actividad como uno de los ejes del trabajo de los riojanos. Fortalecer el turismo en la provincia implica no sólo la inversión en infraestructura, líneas crediticias, estrategias publicitarias, capacitación a emprendedores, sino también toma de consciencia en la población y educación orientada, desde la temprana infancia. Todo se relaciona con todo, por lo que desde ya adelantamos, este es un fuerte punto de contacto con otras medidas, que también forman de este programa integral que proponemos a la ciudanía.
En consonancia con los objetivos propuestos, orientados al desarrollo genuino del sector, proponemos el dictado de normas que prohíban la creación de empresas públicas (y dispongan la disolución de las que hubiere) que tanto en este rubro como en cualquier otro, entorpezcan el libre desenvolvimiento de la actividad privada, o signifiquen una competencia desleal o inequitativa con el sector privado.
La eficiencia en el servicio prestado por el Estado, la capacitación permanente del personal estatal, y el pago de un salario justo, acorde a la importancia de la tarea realizada, debe constituir una decisión política firme, adoptada y respaldada por una ley que siente las bases de un nuevo modelo de organización de la actividad estatal. Sin una ley que establezca directivas precisas, y sancione con nulidad administrativa absoluta el incumplimiento de las mismas, cualquier intencionalidad de cambio quedará supeditada al voluntarismo cambiante de la autoridad política de turno, siendo la tendencia largamente comprobada la de disponer del empleo público de manera irresponsable, injusta y direccionada según el interés político-partidario del gobernante. Las leyes propuestas por nuestra parte tienden a limitar tajantemente tanta arbitrariedad, descontrol e irracionalidad.
Es claro que en nuestra Provincia existe un sobredimensionamiento del sector estatal. Es claro también que se debe poner un límite, dado que las arcas provinciales son muy escasas, y el crecimiento inacabado de la cantidad de empleados públicos (formalizados y/o precarizados) atenta contra cualquier posibilidad de mejora alguna en su salario. Al contrario, la remuneración es cada vez peor en términos de poder adquisitivo real, e impregnada de conceptos no remunerativos que imposibilitan aspirar a un retiro digno con el correr del tiempo. El número total máximo de empleados (excluyendo a los sectores docente, profesionales y técnicos de la salud, y personal de seguridad) debe ser fijado de modo racional, y disminuido paulatinamente, sin afectar derechos ya adquiridos. Por ello, las normas que proponemos se orientan a prohibir todo tipo de nuevas designaciones de personal administrativo, contemplando única y exclusivamente la situación de personal precarizado que acredite un tiempo considerable (no menor de cinco años) en dicha condición. Y simultáneamente, la prohibición absoluta de tomar nuevo personal en condición precarizada, a modo de planes, plantas alternativas (temporaria o de cualquier otra denominación) y tampoco mediante contrataciones laborales de ninguna naturaleza. Dicha prohibición deberá fijarse en la ley por un plazo mínimo de 25 años, previéndose que transcurrido ese lapso, a las vacantes que se produzcan y que sea indispensable llenar, solo podrá accederse mediante examen previo de idoneidad.
Por otra parte, las nuevas normas que rijan la carrera del empleado estatal, deben orientarse hacia el respeto a los derechos de aquellos que se esfuerzan, se capacitan y brindan un correcto servicio; con un esquema de recategorizaciones basadas en el mérito y no en el acomodo, y con un sistema donde la jefatura de cada área administrativa sea ejercida exclusivamente por un empleado de carrera, y nunca más por una designación política del gobernante de turno. La cabeza máxima de todo organismo con nivel de Dirección será un empleado del área, que acceda a la misma por concurso, y no por un funcionario político.
INDEPENDENCIA JUDICIAL
Reglamentación del sistema de propuesta de Jueces del TSJ, orientado a separar de estos cargos a personas de la política o vinculados a sectores políticos. Ningún ciudadano que haya ejercido un cargo político en un período mínimo de diez años anteriores puede ser designado Juez del TSJ, y tampoco podrá el Gobernador proponer a personas de su entorno familiar. Asegurar la autarquía financiera de la Función Judicial.
Toda sociedad requiere de paz social para una buena convivencia, y entre los requisitos indispensables para lograrlo está la verdadera Justicia. Un régimen judicial que brinde seguridad jurídica, garantía de equidad para todos y constituya la fuente de armonía y tranquilidad para los ciudadanos, se convierte en piedra fundamental de una sociedad próspera. Por el contrario, sin Justicia, no hay paz, y sin paz, no hay convivencia.
Ahora bien, para que exista verdadera Justicia, ésta debe ser verdaderamente independiente. Si no, no es verdadera Justicia.
Para tener Justicia independiente, debe haber una completa separación del régimen político. Para ello proponemos que el sistema de designación de los miembros del Tribunal Superior de Justicia y jefes de los Ministerios públicos, excluya de modo absoluto a toda persona que provenga de la política o se encuentre vinculada a sectores políticos, al menos por un lapso considerable de tiempo. Está claro que los mecanismos de sujeción de las decisiones judiciales a la voluntad política del gobernante de turno se “asegura” mediante el control del máximo órgano judicial, logrado a través de la designación de jueces amigos del poder, o provenientes directamente del poder, como ocurre con total desparpajo en nuestra Provincia. Peor aún, vemos jueces propuestos por el Gobernador de entre su más cercano vínculo familiar. Está más que claro que así ningún pueblo podrá tener Justicia independiente, o sea verdadera.
El otro punto a considerar, para lograr que la Función Judicial se desempeñe plenamente y con la autonomía indispensable, es lo relacionado con la autarquía financiera. No basta con una asignación presupuestaria anual, que de todos modos queda supeditada a la “buena voluntad” del Ejecutivo, de enviarle mensualmente los fondos, a través del área de Hacienda. Este es otro motivo de sujeción, rayano a la denigración institucional. El sistema a instrumentar debe prever el traspaso automático, desde el recibo en la Provincia de los fondos nacionales provenientes de la coparticipación federal, al área de administración de la Función Judicial, en el porcentaje que la ley de presupuesto provincial le haya asignado anualmente. Esta es nuestra propuesta concreta en cuanto a este punto específico.
Nuevas instituciones de control de las cuentas públicas, con participación directa de representantes de colectivos de la sociedad, no de los partidos políticos (Tribunal de Cuentas: 1 miembro que represente al Ejecutivo y los otros 4 a diversos colectivos sociales, elegidos por cada colectivo: Sector del Comercio y la Industria; Colegios profesionales; Universidades; Organizaciones vecinales y clubes deportivos. Solo dos años de mandato, no renovables)
Quizás el motivo principal del alejamiento entre la sociedad y sus gobiernos sea la desconfianza originada en el manejo de los fondos públicos. La idea de tener un gobierno corrupto, y englobar a todos los políticos en el mismo concepto, ronda en la cabeza de un alto porcentaje de la población. Los motivos sobran, por lo que es menester adoptar medidas que reduzcan drásticamente los desmanejos y mejorar sustancialmente los mecanismos de control de la ejecución de los fondos públicos, con participación directa de la sociedad.
En la actualidad, rige un sistema que es a todas luces una entelequia: la política se encarga de “controlar” a la política.
Es así por cuanto, según el texto constitucional vigente, el máximo órgano de control de las cuentas públicas, es decir el Tribunal de Cuentas provincial, se encuentra integrado por personas propuestas por los partidos políticos. ¡Y con mayorías impuestas, además, por el partido político gobernante! Quien puede aventurar que las decisiones que se tomen tendrán independencia y objetividad ¿o que protegerán a los ciudadanos de los desmanejos de las autoridades?
Nuestra propuesta tiene por objetivo que las autoridades del Tribunal de Cuentas sean propuestas y representen a instituciones o colectivos sociales, no a los partidos políticos. Por ejemplo, a las Universidades, Consejos o colegios profesionales, a sectores vinculados con la Iglesia (católicos y evangélicos), con los vecinos (Federación de Centros Vecinales), con el comercio, con las federaciones deportivas, es decir con las fuerzas vivas de la propia sociedad, involucrada directamente en el control del manejo de los fondos públicos que hacen aquellos a quienes se encomendó esa tarea, o sea las autoridades, los “mandatarios”.
Este mecanismo, por cierto, revolucionario, implicará un fuerte golpe a la corrupción estatal y mejorará sensiblemente nuestra administración pública, y la información pública sobre su movimiento.
La sociedad no puede quedarse solo en la crítica hacia la política, debe involucrarse y participar, más allá del depósito regular del voto. Nuestro proyecto de ley procura el control directo e inmediato de todo el gasto público por parte de personas ajenas a la política, elegida de entre su seno por los diversos estamentos sociales mencionados (y/o cualquier otro que se proponga), en un esquema donde cada sector elegirá por separado a su representante, que ejercerá el cargo de miembro del Tribunal Superior sólo por dos años, no renovable y no repetible de por vida. Y estos representantes de cada sector serán los encargados de informar a sus representados, y a todos los medios de comunicación, de todo el manejo de fondos que haga el Estado provincial, además de ejercer las funciones propias asignadas a la institución por la normativa vigente.
Por cierto, la ley que se propone deberá tener el carácter especial que el sistema provincial impone, en cuanto implicará la reforma de la letra constitucional (enmienda), y deberá someterse con posterioridad a la aprobación de la sociedad mediante consulta popular.
Re establecimiento del antiguo Juicio de Residencia, para que una Comisión de representantes directos de la sociedad investiguen el patrimonio de todo funcionario público al terminar su gestión, comparándolo con el que tenía anteriormente, receptando todas las denuncias que la sociedad formule al respecto. Como así también las irregularidades cometidas durante su gestión.
El juicio de residencia era un procedimiento judicial del derecho castellano implementado también en la América hispana, que consistía en la revisión de las actuaciones de un funcionario público al finalizar su mandato, donde se escuchaban cargos y quejas en su contra. Era una forma de control sobre el ejercicio de su función, y también una manera de rendir cuentas ante la Justicia y el pueblo.
Aquí proponemos una nueva implementación de dicha institución, con la modalidad de que no habrá de ser en primera instancia ante un órgano judicial, sino ante una Comisión, propuesta por los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas, es decir, representantes directos de la sociedad, no políticos. Dicha Comisión de cinco miembros (que también durarán dos años en sus funciones y no podrán ser reelegidos ni removidos en ese lapso) deberá cotejar la declaración jurada de bienes del funcionario saliente depositada al inicio de su gestión (declaración que obligatoriamente deberá ser presentada ante la Comisión) con la que se presente (obligatoriamente) al finalizar la misma; investigar la veracidad del contenido de esas declaraciones; receptar las denuncias que la sociedad formule respecto del accionar del funcionario durante su gestión y verificar la veracidad de las mismas. Si de las actuaciones a cargo de la Comisión surgiere la sospecha fundada de haberse cometido delitos y/o irregularidades administrativas sancionables por la normativa penal, contable y/o administrativa vigente, la Comisión deberá realizar ante la Justicia un informe detallado, a los fines de la iniciación de la causa judicial pertinente. El mismo informe deberá ser presentado ante el Fiscal de Estado y ante el Tribunal de Cuentas provincial, a los fines que corresponda. Asimismo, deberá informar a los medios de prensa sobre todo lo actuado.
La actuación de esta Comisión, que se extenderá desde el control de lo actuado por el Gobernador de la Provincia, hasta el rango de Secretarios de Estado inclusive, no tiene más que el carácter y naturaleza de control social e institucional, y de ninguna manera obstará a la actuación anterior, posterior o concomitante de la Justicia ordinaria, en el marco de su competencia propia, ni de los demás órganos de control del Estado. También se extenderá a la actuación de titulares de organismos autárquicos, descentralizados y empresas del Estado.
Queda claro que la actuación de esta Comisión cuya creación se propone, es absolutamente independiente de la que le corresponde a la Justicia y de ningún modo es un requisito previo a la intervención de la Justicia ni de ningún órgano de control, quienes pueden, y deberían, actuar por su lado, sin necesidad, y ANTES que lo haga la Comisión. La propuesta de la instauración moderna de esta institución se realiza justamente ante la pasividad advertida por toda nuestra sociedad de los órganos judiciales y administrativos de control, frente a las irregularidades cometidas por los funcionarios políticos, y dándole a la gente la posibilidad de indagar y conocer toda la verdad sobre la evolución patrimonial de quienes han ejercido un cargo político.
Nuevo sistema electoral, sin colectoras y adoptando el modelo de boleta única de sufragio; obligatoriedad de presentación de proyecto de gobierno y debate electoral previo.
Para que exista una auténtica democracia, debe haber libertad. La gente debe tener la posibilidad de elegir libremente a la persona que quiere que la represente, en cada cargo que deba elegirse. En la actualidad, esa libertad es ficticia. Los enmarañados sistemas electorales, más las boletas sábanas y las listas colectoras, logran que resulten elegidos los que la política quiere que se elijan, y no los que las mayorías quieren verdaderamente que sean sus gobernantes.
El sistema de boleta única de sufragio, que proponemos, trae múltiples beneficios. El ciudadano deberá elegir por sí mismo, los candidatos que considere mejor preparados, para cada uno de los estamentos o cargos que estén en juego, marcando a cada uno individualmente, en una boleta única que se le entregará al ingresar al cuarto oscuro.
Además de la total libertad que este sistema implica, impidiendo que las voluntades se vean inducidas para votar a quien uno no quiere, la boleta única de sufragio implica una reducción notable en la cantidad de papel que se utiliza en cada proceso electoral, lo que supone un ahorro económico y ambiental para nada despreciable.
La reforma a la ley electoral vigente, que de esta forma estamos proponiendo, debe eliminar también a los sistemas de listas colectoras, que hacen proliferar candidaturas cuyo único propósito es aumentar el caudal de votos posibles de un estamento distinto, aportando más confusión y dispersión del electorado que proyectos políticos consolidados.
Asimismo proponemos que en adelante, todo candidato y su espacio político presenten obligatoriamente el plan de gobierno, acciones o propósitos concretos que sustentan su postulación, a fin que la ciudadanía conozca con el mayor detalle posible para qué vota a cada candidato, y pueda luego evaluar el cumplimiento de la promesa electoral. También proponemos la obligatoriedad del debate entre los candidatos, como un método para conocer mejor el pensamiento de cada uno de ellos, los fundamentos de sus posturas, su nivel de preparación; y el contraste que pudiera haber en las propuestas que el electorado tendrá a disposición.
En síntesis, procuramos una sensible mejora en el ejercicio de la democracia, eligiendo en libertad, a conciencia, y con pleno conocimiento de lo que se propone hacer cada candidato.
En la nominación de candidaturas para cargos provinciales. Todo grupo de ciudadanos organizados sobre pautas mínimas podrá proponer candidatos, desde Gobernador hasta Concejales.
En nuestro actual ordenamiento constitucional, incumbe solo a los partidos políticos la nominación de candidatos electivos. Esto ocurre a nivel nacional y provincial. Este sistema de exclusividad encontró fundamento, en su momento, en la necesidad de fortalecer el sistema democrático mediante el debate de las ideas, propuestas y acciones políticas en el seno de las instituciones partidarias, como célula básica de la vida política de una sociedad, encomendando a su vez a los partidos la formación y concientización de la sociedad en la vida democrática.
Con el correr del tiempo, la democracia se ha afianzado en la conciencia social, pero paralelamente ha crecido el descreimiento en la política en general, los partidos (con pocas excepciones) han dejado de ser el ámbito de adoctrinamiento y formación cívica, las ideologías han entrado en crisis, y la vorágine de las comunicaciones sociales proponen un debate permanente, que ya no se realiza en ámbitos institucionalizados exclusivamente sino en forma diaria en las redes sociales y medios de comunicación. Los partidos, además, lejos están de las prácticas democráticas internas, lo que más bien impide que fomenta la participación amplia, relativiza el análisis y la actuación de quienes tienen opiniones diversas y se convierten en meros sellos eleccionarios, sin debate interno y sin propuestas diferenciadoras.
En consecuencia, existe un amplio espectro ciudadano que, rehuyendo a la participación en ninguna clase de organización partidista, tiene la voluntad de presentar proyectos y candidaturas, pero se ve absurdamente impedido de hacerlo, ya que necesita obligatoriamente un partido. Este monopolio debe terminarse. Sin renegar de los fundamentos primigenios, válidos para su momento, los tiempos actuales deben ampliar y permitir la libre participación ciudadana en la vida electoral, ejerciendo plenamente no sólo su derecho de elegir sino también de ser elegido, sin exigencias que coarten o limiten ninguna de estas posibilidades.
Por ello, proponemos el fin de la exclusividad o monopolio de los partidos políticos para la presentación de candidaturas a cargos electivos, abriéndose la posibilidad a cualquier grupo de ciudadanos que, con el cumplimiento de requisitos básicos, puedan presentar candidatos, en todos los cargos provinciales y municipales, sin necesidad de tener un partido político.
Dada la envergadura constitucional de la normativa a reformar, esta ley que se propone también deberá tener la categoría de enmienda, y deberá ser sometida a consulta popular.
Tanto para la Cámara de Diputados provincial como para todos los Concejos Deliberantes.
Número máximo de Ministerios fijado en cinco, número máximo de Secretarías en tres por Ministerio. El número de Direcciones será fijado razonablemente por el Ejecutivo, teniendo en cuenta estrictas necesidades del servicio público, siendo los Directores cargos de carrera, de acceso por concurso.
Esta propuesta, que de hacerse ley deberá someterse al procedimiento de consulta popular (por tener la reforma raigambre constitucional), tiene por objeto una sensible reducción del gasto político, en una Provincia empobrecida históricamente, en donde el proceso de reducción del Estado debe recaer en la dirigencia y no en el pueblo. Igual fundamento tiene el proyecto de limitación por ley del total de cargos políticos que debe tener la Función Ejecutiva provincial.
No hacen falta más representantes para un mejor ejercicio de la vida democrática, ni hacen falta más funcionarios para una eficiente gestión de gobierno.
HACIA UNA EDUCACIÓN QUE LOGRE EN LOS ALUMNOS:
- EQUILIBRIO EMOCIONAL
- PENSAMIENTO CRÍTICO
- TRABAJO EN EQUIPO
La formación de un ser humano completo en su sistema de valores y conocimientos es responsabilidad de un conjunto integral conformado por la familia, la sociedad con sus múltiples actores, y el Estado, a través del sistema educativo formal e informal.
Esa formación debe conducir al logro de una persona capaz de desarrollar con plenitud su vida, en armonía consigo misma, con las demás personas y con su entorno natural.
Esa formación debe posibilitarle enfrentar los desafíos de la vida en general, y en especial los relacionados con el mundo laboral, en las mejores condiciones posibles, otorgándole las mejores herramientas, habilidades y valores, para convertir a esa persona en un individuo altamente capacitado, competitivo, seguro de sí mismo, con adaptación al cambio permanente y al trabajo en equipo, con apertura mental para la búsqueda de coincidencias y para las ideas distintas y superadoras; y también, lo cual es claramente imprescindible, con la fortaleza para la resiliencia cuando sea necesario.
Por ello resumimos en los conceptos expresados al principio los objetivos básicos hacia los cuales procuramos orientar, con decisión y convicción profunda, a nuestro sistema educativo provincial.
HACIA UN NUEVO ENFOQUE EN EL MODELO EDUCATIVO
– Vinculación total del sistema educativo con el sector productivo
– Orientación fundamentalmente técnica/tecnológica en todos los establecimientos educativos
Una nueva ley de educación resulta necesaria en la Provincia de La Rioja. Orientada a modernizar los contenidos educativos, las metodologías de enseñanza, los regímenes administrativos internos del sistema, los esquemas de la capacitación docente inicial y continua, y todos los demás aspectos que tanto el sector docente como la comunidad educativa vienen reclamando.
Un aspecto esencial de las características que definan al nuevo sistema educativo debe estar dado por su vinculación intrínseca con el sistema productivo de la Provincia, no sólo con el presente, sino con el que se proyecte para el futuro. En un mundo dominado por las tecnologías modernas, las modalidades de trabajo y por ende las competencias que se requieren para el ingreso al mercado laboral, han cambiado notablemente desde el siglo pasado, y exigen de nuestro sistema educativo una respuesta acorde, en aras de cumplir con el objetivo de formación de personas con habilidades suficientes para ser competitivos tanto en la postulación como en el desempeño en sus tareas.
Más allá de las bondades de la formación humanista, que ha sido el eje conceptual que ha impregnado a nuestra educación, está claro que las exigencias actuales plantean la necesidad insoslayable de que la orientación del sistema educativo sea fundamentalmente técnica y tecnológica. Lo que no implica desechar por completo lo anterior, sino priorizar esquemas, desarrollos, materiales, infraestructura y recursos humanos en estas modalidades que desde siempre han existido, pero que no han constituido hasta hoy la médula del sistema, como proponemos que sea en adelante.
– Implementación del horario extendido en los niveles primario y secundario en todos los establecimientos educativos
– Escuelas de oficios
La educación moderna requiere de una mayor cantidad de horas de contacto directo del alumno con sus educadores. Las modalidades presencial y virtual a que nos hemos acostumbrado en la era de la pandemia nos proyectan para el futuro enormes facilidades de continuar utilizando este sistema, para acentuar conocimientos, incorporar contenidos transversales, evaluar rendimientos individuales y colectivos, etc. Por cierto que lejos de representar recargas horarias para los docentes, este sistema requiere incorporar recursos humanos, un esfuerzo presupuestario esencial, que signifique orientar la inversión del gasto público hacia un esquema transformador de la educación del presente, y de la sociedad riojana del futuro.
También debemos tener presente la urgente necesidad de implementar Escuelas de Oficios en todo el territorio provincial, para formar trabajadores que representen mano de obra calificada y especializada, tanto en oficios considerados tradicionales como en los que van apareciendo conforme las transformaciones de la vida moderna. Luego del tiempo necesario para capacitar adecuadamente a los alumnos, la escuela entregará una titulación oficial, y un kit de herramientas básicas para que los recién recibidos puedan tener inmediata salida laboral.
– Educación bilingüe desde el nivel inicial
– Modernización del modelo pedagógico (incorporación de tecnología, trabajo en equipo, nuevos contenidos y más inclusivo)
Nuestra provincia debe tener educación bilingüe; y debe tenerlo en todo trayecto de la educación básica obligatoria. El idioma extranjero debe ser el inglés (y en el nivel superior, aunque sea en cupo limitado, continuar la enseñanza de chino mandarín, como se comenzó tiempo atrás); para ello es menester contar con mucha más cantidad de profesores de la materia, y adecuar la currícula para mayores asignaciones horarias, en pos de lograr este objetivo.
La modernización, tal como lo adelantáramos, implica numerosas modificaciones a las metodologías actuales. Con programas que deben implementarse a mediano plazo, con seguimientos permanentes, apoyos logísticos y pedagógicos.
La inversión en infraestructura (que no significa construir más escuelas sino crear entornos de aprendizaje más eficaces) debe orientarse hacia un modelo de aula maker, promoviendo el aprendizaje y el trabajo en equipo desde la temprana infancia; con ambientes más amigables e inclusivos para todos los alumnos.
La nueva ley, que proponemos, debe trazar también un tiempo de avance para este proceso de transformación, que los diferentes gobiernos deberán cumplir acabadamente, como política prioritaria, para que en un futuro mediato pero cierto, logremos el sistema educativo moderno que necesitamos.
Nos proponemos cambios que más que educativos sean profundamente culturales. El sistema educativo debe formar alumnos con visión y espíritu de emprendedores, aspirantes, competitivos, ganadores! Este es el objetivo central de la nueva ley de Educación provincial, que impulsamos se discuta por toda la sociedad riojana, se elabore por los especialistas y se sancione prontamente.
– Fortalecimiento del sistema de capacitación docente contínuo
– Descentralización del sistema educativo provincial
Los temas referidos a la organización interna del sistema educativo también ocupan un lugar preponderante en la agenda. Fortalecer la permanente formación y capacitación de la profesión docente es un objetivo prioritario, en un escenario tan cambiante y complejo como el que presenta el mundo actual. Docentes motivados, actualizados y liderando los procesos de cambios culturales y sociales, ahí debemos apuntar.
La profesión docente debe alcanzar además un rango universitario, en todos sus niveles. Gestionaremos que en nuestra Provincia tengamos una sede de la Universidad Pedagógica Nacional, para que los docentes riojanos puedan hacer diferentes Especializaciones, Licenciaturas, Carreras de post-grado, Maestrías y Doctorados en Ciencias de la Educación.
La descentralización de todo el sistema también es crucial. Cada región de la Provincia debe tener autonomía en la administración de su propio sistema, cuyas características, movilidad de los trabajadores, requerimientos, e inclusive metodologías y contenidos pueden ser distintos. La flexibilidad y adaptación, más la facilidad para resolver problemas puntuales de modo más eficiente que otorga un esquema descentralizado, son razones suficientes para imponer este nuevo modelo de organización que proponemos.
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